Omar Estacio Z. / omarestacio@gmail.com
Nic Cheeseman de la Universidad de Birmingham y Brian Klaas de la Escuela de Economía de Londres, son dos académicos de Reino Unido que, han viajado centenares de miles de millas para evaluar procesos electorales en los Cinco Continentes.
En “Cómo robar una elección” (Ed.Yale University Press, New Haven and London, 2018), estos autores, levantan, entre otros, minucioso inventario de las debilidades del sistema electoral de EE. UU.
Dos investigadores más, Steven Levitsky y Daniel Siblatt, de la Universidad de Harvard, Mass, EE UU en el ya clásico “Cómo mueren las democracias”, (Trad, al español, edt. Ariel) al enumerar las estratagemas electorales en EE. UU. destacan, junto a Cheeseman y Klaas, las que suelen atribuírseles a grupos ultraconservadores en perjuicio de ciudadanos afroamericanos, latinos y menos pudientes: El Gerrymandering, o rediseño doloso de los cantones electorales; el emplazamiento de las oficinas de inscripción de votantes en sitios lejanos o de muy difícil acceso; trato hostil, largas esperas, horarios restringidos, de modo de obstaculizar el empadronamiento de tales segmentos; las draconianas pruebas de habilidad y conocimientos, lindantes con lo inconstitucional, porque el derecho a votar no puede depender de tales destrezas.
En la acera opuesta, los mencionados sectores ultraconservadores suelen invocar entre otros, un informe publicado en 2014, de politólogos de la Old Dominion University, Virginia, EE UU, según el cual, del total de residentes, no naturalizados, existe un 14% registrado como votante. Solo que una cosa es el porcentaje de no ciudadanos, inscritos por error o mala fe en el censo electoral y otra, el número insignificante de extranjeros que han ejercido de manera ilegal y efectiva, tal derecho. Nietzche, escribía que el hombre se inclina por sus caprichos, para después recurrir a las justificaciones de sus arbitrariedades. Como puede advertirse, en la presente, como en otras materias, cada cual hace de su camisa un sayo.
In dubio pro elector, es uno de los principios cardinales, que informan el asunto que comentamos. Lo que se traduce en que, en caso de duda, prevalece el elector, es decir, que sobre aspectos meramente formales o numéricamente irrelevantes, hay que respetar la voluntad de la ciudadanía expresada en votos, contantes y sonantes. Si determinada opción triunfa por diferencia de 20 mil boletas, pongamos por caso, mal puede anularse la elección entera, porque aparezcan como sufragantes, un mil difuntos, otro tanto de no ciudadanos y otro más, de inhabilitados por haber cumplido condena criminal.
Cheesman y Klaas, aseguran que para que un fraude logre torcer el resultado electoral, requiere de tiempo, planificación y trabajo -“desde mucho antes de la impresión de las boletas”. Aseveran, adicionalmente, que el saboteo y/o el escamoteo masivo de sufragios, es menester de batallones y batallones de ladrones o secuestradores de la voluntad popular.
Difícil, por no decir imposible, que cualquier país del Primer Mundo, con entramados muy tupidos y eficientes de agencias de investigación policial, auxiliados de cámaras de vigilancia que ahora nos miran en cualquier parte; apoyados en los rastros de la Internet, de los teléfonos celulares -esos aparatejos que se han convertido en nuestros peores espías- no puedan detener un fraude, en desarrollo, “manos en la masa”, sus autores, denunciado con antelación de meses o años. “Guerra avisada no mata soldados”, el tópico cabe en estos casos. O que no abunden, una vez consumado el megadelito, las videograbaciones, triangulaciones de telefonemas, de mensajería electrónica; del empleo de herramientas telemáticas, todas con valor criminalístico, que permiten apresar a los criminales, rápidamente y con pruebas irrefutables. Hasta ahora no hemos visto, ningún preso, ni antes ni después de las elecciones objeto de la presente nota.
Publicados los conteos oficiales, los mismos, gozan de presunción de legalidad, lo que equivale, a que la carga de alegar y demostrar, uno a uno, que determinados votos están infestados, corresponde a la agrupación o persona que los pretenda impugnar. Actori incumbit onus probandi, denominamos los abogados tal obligación de probar.
Hasta ahora, no han sido presentadas al público las evidencias, fehacientes, de votos ilegales en un número capaz de cambiar, sustancialmente, las totalizaciones de delegados para la elección en segundo grado, del Presidente de EE. UU. el venidero 14 de diciembre.
Era y sigue siendo deseable, para EE. UU. y para el resto del Mundo que, contabilizados los votos populares de la carrera Presidencial, en lugar de alentar batallas callejeras -como la de Washington, la tarde del sábado pasado- los actores de tal lid electoral, a estas alturas, hubiesen llegado a acuerdos básicos en materia de gobernanza futura. Esos acuerdos llegarán y muy pronto, estamos seguros.
Por el momento, parece improbable que por vía judicial se alteren las totalizaciones adelantadas por las autoridades electorales de cada uno de los estados de EE. UU.. En tal supuesto estaríamos ante un consumatum est Presidencial. Aunque de que vuelan, vuelan.
@omarestacio
> El articulista es, presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio. Con la publicación del presente artículo no pretende emitir dictamen jurídico, sino se limita a expresar, de manera libérrima, su opinión como ciudadano.