Claudia P. Moreno-Diaz, Esq., Abogada de inmigración
En Mayo 21 del 2020 el Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que no tenía el presupuesto necesario para poder mantener a sus empleados y solicitó el Congreso la aprobación de un Fondo de Emergencia de 1.2 Billones de dólares. Según el Servicio de Inmigración se vería en la tarea de reducir las horas de trabajo de más de 13,000 empleados a nivel nacional si estos fondos no eran recibidos para Agosto 3, 2020. Después de una fuerte oposición esta fecha se extendió hasta Agosto, 30, 2020, pero en realidad todavía existe presupuesto suficiente para cerrar el año calendario que finaliza en Septiembre 30, 2020.
Según el Servicio de Inmigración la razón principal es el efecto del COVID-19 en las nuevas aplicaciones de inmigración pero la realidad es que es este déficit empezó a finales del año pasado y es fruto de una combinación de factores incluyendo un manejo inadecuado de los fondos ya recibidos, la implementación de nuevas políticas de restricción a la inmigración legal o de mayor escrutinio en las aplicaciones ya pendientes, la creación de la carga pública con una forma confusa para completar con evidencia completa de obtener, así como solicitudes exageradas de evidencia adicional debido a estos cambios y políticas, lo cual incrementó no solo el trabajo de los oficiales sino el tiempo de adjudicación de los casos.
Por ejemplo si una residencia tarda más del tiempo otorgado para el permiso de trabajo y de viaje inicialmente otorgado que es generalmente un año, con el mismo costo del pago inicial se pueden pedir renovaciones de los mismos documentos, todo pagado por inmigración. Si los procesos tardaran menos de un año, los aplicantes no tendrían que solicitar extensiones, y el Servicio de inmigración no tendría que pagar por las tarjetas de vuelta ni por el correo para el envió de las mismas. Todo esto genera un déficit que puede ser controlado con bueno manejo de los tiempos de adjudicación.
… la razón principal es el efecto del COVID-19 en las nuevas aplicaciones de inmigración pero la realidad es que es este déficit empezó a finales del año pasado y es fruto de una combinación de factores incluyendo un manejo inadecuado de los fondos ya recibidos…
En Agosto 22, 2020 los Representantes Lofgren (D-CA), Nadler (D-NY), Fortenberry (R-NE), Cleaver (D-MO), Buck (R-CO), Welch (D-VT), y Raskin (D-MD) introdujeron una ley llamada “the Emergency Stopgap USCIS Stabilization Act (H.R. 8089)” la cual busca prevenir la crisis de presupuesto del Servicio de Inmigración mediante el incremento del proceso acelerado (Premium Processing) de $1,440.00 hasta $2,500.00 para algunas aplicaciones de inmigración. A la fecha solo algunas peticiones o aplicaciones tiene proceso acelerado el cual tiene un costo de $1,440.00. Para las aplicaciones que ya tiene esta opción el costo se incrementaría a $2,500.00 salvo la H-2B y las R la cual quedarían en $1,500.00. Adicionalmente el proceso acelerado se aplicaría a ciertas categorías de visa de no-inmigrante que no tienen esa opción a la fecha, así como categorías de visas de inmigrante por empleo como al National Interest Waiver (EB-2) ($2,500.00 con tiempo de procesamiento de 45 días) o la residencia para Ejecutivo o Gerente (EB-1) ($2,500.00 con tiempo de procesamiento de 45 días). Igualmente se permitiría proceso acelerado para aplicaciones de cambio o extensión de estatus a F, J, o M ($1,750.00 con tiempo de procesamiento de 30 días), y para permisos de trabajo ($1,500.00 con tiempo de procesamiento de 30 días).
Pero a su vez la propuesta de ley requiere que el Servicio de Inmigración tome las medidas adecuadas para que la expansión de proceso acelerado no afecte las operaciones actuales y requiera igualmente que desarrollen un plan de 5 años para que todas las aplicaciones se puedan presentar electrónicamente y reducir el tiempo de procesamiento para todos los procesos incluyendo la naturalización. Esperemos que esta medida no genere demoras adicionales a los casos que no se hagan con proceso acelerado, si la mayoría de los oficiales son asignados a esta unidad y los casos pendientes sin proceso acelerado queden olvidados. Esto seria discriminatorio para aquellos aplicantes que no pueden pagar estos costos tan altos y que se verían afectados por este medida.
El Servicio de Inmigración debe conceder varios beneficios a cambios si desean que el Congreso les apruebe un presupuesto o se implemente el incremento del proceso acelerado. Deben asegurar que se hagan responsables por las deficiencias actuales, incluyendo las demoras de varios años en los procesos migratorios, que se establezcan políticas para que haya más uniformidad en la adjudicación de peticiones, que regrese la posibilidad de tener un acceso adecuado al servicio al público para atender emergencias o poder pedir información de casos que llevan meses o años pendientes sin una respuesta, y que existan políticas claras y abiertas al público cuando inmigración vaya a implementar cambios en las adjudicaciones o en los documentos que serán aceptados a partir de cierta fecha. La mayoría de solicitud de evidencia adicional es fruto de decisiones internas de las cuales no es viable informarse si no cuando llega esta evidencia adicional, es decir tienen un efecto retroactivo lo cual demora innecesariamente los procesos.
De todas formas los números no parecen concordar, con mas de 20,000 empleados la agencia tiene un déficit de $1.5 Billones pero solo hace unos años atrás tenia un surplus de $800 millones con menos empleados y procesos mas rápidos. Obviamente esto no es un tema de pandemia, pero de un déficit acumulado, fruto de empleados que no están entrenados para tantos cambios y políticas internas, que tienen que trabajar doble pidiendo evidencia adicional por la falta de uniformidad debido a los cambios continuos en la política migratoria.
La posibilidad de que más de 13,000 empleados de inmigración, muchos de ellos con décadas de experiencia, vean su pago u horas de trabajo reducido, en medio de un gran desempleo en el país, es un tema muy preocupante. La falta de manejo apropiado de fondos y el incremento de políticas migratorias innecesarias solo han generado más confusión dentro del mismo Servicio de inmigración y ha generado un déficit gigante en una de las únicas entidades del Gobierno que se mantiene casi en un 96% con fondos de las peticiones y aplicaciones y no mediante apropiaciones del Congreso.
cmoreno@morenodiazlaw.com