“La violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela sigue siendo política de Estado para el gobierno de Nicolás Maduro”, denuncia Jesús Elorza, activista de los DDHH en el estado Aragua.
Elorza es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica del Estado Aragua y sostiene que la represión contra los ciudadanos y las instituciones democráticas ha sido una característica del régimen durante el gobierno de Chávez, continuada por el régimen de Nicolás Maduro, quien “no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de los DDHH ni la supervisión de la Comisión interamericana, a pesar de las diversas sentencias y recomendaciones formuladas por ambos organismos”.
El Estado Aragua, en el centro del país, no escapa al hostigamiento de los cuerpos policiales contra los jóvenes que protestan pacíficamente por el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y por la defensa de los derechos y garantías políticas.
“Jóvenes profesionales como Luis Enrique Camacho, Arnoldo Sulbarán, Freddy Escalona y Carlos Enrique Muñoz Párraga, entre otros, fueron hostigados y perseguidos, con amenazas de muerte, mientras estuvieron en el país”, señala el profesor Elorza, y agrega: “Han tenido que emigrar para asegurar su tranquilidad y su vida, mientras tanto, sus familiares son hostigados, como ocurrió en el caso de Enrique Muñoz Párraga. El edificio donde vivía, en Maracay, fue ‘visitado’ por los cuerpos policiales recientemente buscando a un supuesto secuestrador”.
“La policía sigue persiguiendo a todo el que critica al régimen y son centenares los venezolanos presos injustamente”, y se refiere a las denuncias de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos: “La ONG Justicia, Encuentro y Perdón, estima que hay unos 314 presos políticos. Casi la mitad (141) son miembros de las fuerzas armadas”.
El denunciante aclara que estas cifras son referenciales debido a la total opacidad que existe sobre la información referida a estos temas por parte del Estado venezolano. Por otra parte, hay familias de detenidos que no denuncian por temor a represalias, por hostigamiento y amenazas.