Gustavo Oliveros / gustavooliveros4@gmail.com
Si a mediados de septiembre las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en Venezuela contabilizan más de 1700 muertes por ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos policiales, y se espera que al final de año la cifra se haya duplicado, podría afirmarse que la pandemia de coronavirus ha resultado una bendición divina para salvar vidas inocentes, pues al parecer, los cuerpos policiales, si entrar en diatribas de quien lo merece y quien no, actúan indiscriminadamente eliminando a su antojo tanto a justos como a pecadores sin medir las consecuencias de sus actos.
Alvarado, quien forma parte de la organización no gubernamental Provea hace la denuncia de las muertes acaecidas durante estos últimos meses a través de un video compartido por las redes sociales.
Al menos el Covid-19 se encarga de abrirles las puertas del más allá a todos aquellos que les dan un par de toques a la aldaba sin tomar las precauciones recomendadas. En el caso de los cuerpos policiales, llámese FAES, BAES, GNB, PNB, SEBIN y hasta las municipales con su mediana carga de oficiales, el único patrón que los lleva a seleccionar a la víctima es que posean algún objeto de valor con el cual puedan negociar el continuar con vida. De lo contrario puede resultar que careciendo del mismo la víctima reclame el abuso policial, denuncie a los implicados o simplemente no haya testigos al ser introducido en el vagón policial acusado de instigación al odio: no verá el sol al día siguiente. Todo es posible en un país donde tener un uniforme es una patente de corso sin fecha de vencimiento…Por ahora.
Por eso, llamarse Marino Alvarado es lo más cercano a una esperanza de que alguna vez se pueda tener acceso a la justicia, para buscar castigo a quienes valiéndose de las armas de la nación, cometen crímenes flagrantes contra la ciudadanía creyéndose intocables, bajo la ignorancia inculcada por el poder de facto, de que esas violaciones jamás obtendrían el castigo que se merecen. Lo peor de todo es que estos “subalternos” de uniforme, en su ignorancia, no saben que ese desconocimiento no los eximirá de culpa y tarde o temprano tendrán que enfrentarse a un tribunal independiente presidido por un juez con ética y moral incuestionable que hará valer la justicia, y no por un militante del partido de gobierno que obedece, timorato y sumiso, las directrices de quienes manejan el poder desde las altas esferas. A ellos también algún día les llegará su “toque de puertas”.
Alvarado, quien forma parte de la organización no gubernamental Provea hace la denuncia de las muertes acaecidas durante estos últimos meses a través de un video compartido por las redes sociales. La única vía posible de ser oídas por quienes poseen un teléfono inteligente, pues en los medios oficiales no se hacen eco de estos señalamientos y los pocos medios privados que aún se les permite salir al aire, no se atreven ni siquiera solapadamente, a divulgar la denuncia so riesgo de recibir en sus sedes una “visita” de las Fuerzas de Élite, como es denominada la policía política dirigida por Nicolás Maduro en una pobre imitación de la vieja KGB de Vladímir Vladímirovich Putin.
En medio de esta intransigencia extrajudicial, en muchas barriada pobre del país, sus habitantes prefieren confiar más en sus delincuentes que en un uniforme con siglas o acrónimos indescifrables. Algunas de estas zonas son controladas por los llamados colectivos afines al gobierno quienes no solo velan por su territorio, sino que se mantienen a distancia en un divorcio reciente con las nomenclaturas policiales que parecieran también estar desarticuladas; más por la repartición del botín, que por razones de moral o ética policial. En otros corredores de la ciudad, la delincuencia común ha creado su propio Estado dentro del Estado, tal cual las barriadas de Medellín en tiempos de los grandes capos del narcotráfico, salvando las distancias por supuesto, o de las favelas de Río de Janeiro, armados con un arsenal más avanzado y moderno que el ostentado por los cuerpos policiales. Es el caso, por solo citar tres ejemplos, de la llamada Cota 905, la Dolorita y José Felix Rivas, entre otras barriadas de la ciudad no menos importantes. Por esos lados los acrónimos o siglas del terror no se ven ni por asomo.
En cambio en zonas de clase media en donde el botín es más generoso, los cuerpos policiales suelen hacer sus rondas con las que identifican las viviendas proclives a ser allanadas con cualquier excusa, o bien colocan una alcabala de requisa en donde no se conforman con cobrar el peaje respectivo en divisas extranjeras, sino que tomando en cuenta las características del conductor, pueden hasta sembrarles drogas y armas para hacerlos parte del chantaje. Nadie quiere ir a prisión y cualquier demanda del oficial a cargo, es mejor que unos años de condena por mantener una dignidad tan apaleada que muy pocos en el país aún conservan.
Pero ¿quiénes son las víctimas entonces de estos “acrónimos”, de los cuales son pocos los funcionarios que conocen el significado de cada letra? En primera línea los comerciantes, transportistas de alimentos y medicinas, extranjeros, dirigentes sociales y familiares de políticos reconocidos; en segundo lugar, uno que otro profesional con ínfulas de corredor de bolsa “newyorkina” que ha estado orinando fuera del perol, en la creencia de que “vinieron por mi vecino y mientras me mantenga al margen, jamás sonará la aldaba de mi puerta”. Aparte de esta rutina está el secuestro selectivo, otrora campo de la delincuencia organizada, crimen que jamás es denunciado ante la Fiscalía respectiva, por temor a encontrarse de frente con el secuestrador o un cómplice del mismo que le recordará la amenaza de la que fue objeto. En estos casos sucede que la mayoría de las veces quien no cancela la suma exigida en dólares, aparece muerto días después. Su nombre estará en un expediente bajo cualquier cargo acomodaticio y la causa del fallecimiento será por intento de huida o por enfrentamiento con los cuerpos policiales. Los que terminan en una celda creyéndose a salvo en algunos casos, no amanecen para cepillarse los dientes al otro día. Una mano peluda se encargará de fabricar un suicidio.
El modus operandi de estos cuerpos policiales desde el año 2018 hasta la fecha viene a ser el allanamiento de moradas al mejor estilo de las viejas dictaduras latinoamericanas. Funcionarios camuflados de negro, con máscaras que asemejan calaveras cubriendo su rostro, no sólo se llevan al “sospechoso” de algo, un “algo” que nunca se le explica a los familiares, sino que arrasan con todo lo que consiguen de valor en el domicilio ante la mirada impotente de sus moradores, el anhelado “botín de guerra”. Allí quedaran agobiados los familiares, los hijos menores de edad aterrados y hasta la mascota, si acaso se salva de ser sacrificada, rogando porque el reo llegue a salvo a una sede “fantasma” y salga vivo a los meses bajo la advertencia de que si narra lo sucedido entre barrotes. El cuento podría salirle caro a él y a sus familiares más cercanos.
La historia es tan aterradora que parece extraída de una película de ficción y es difícil de ser digerido por la mayoría de los venezolanos; esos a quienes aún no les han tocado a las puertas, carecen de teléfonos inteligentes o bien se informan a través de los medios oficiales. De allí que Marino Alvarado sea considerado por los medios oficiales como un embustero, calumniador de los cuerpos policiales y, en cualquier momento, espía del imperialismo yanky”. En las redes, sus denuncias se ven opacadas por las fake news, ese enredijo de información que inunda todos los espacios de polémicas estériles que sirven de distracción ante las denuncias de este tipo. En dos días, algún tema llenará las redes sociales y los casi 1700 asesinatos hasta la fecha pasaran a un tercer plano hasta desaparecer sin dejar rastro, tal cual sucede cuando los crímenes no son denunciados por alguien que pueda llamarse Marino Alvarado y este bajo la lupa de una policía de “Élite”, apenas protegido por una comisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, organismo este que finalmente toma cartas en el asunto y sugiere en un informe vergonzoso por su contenido escalofriante, que los funcionarios implicados desde las altas, hasta las más bajas esferas del poder, podrían ser juzgados ante un Tribunal de la Haya por crímenes de lesa humanidad. Amanecerá y veremos