Omar Estacio Z. / omarestacio@gmail.com
La denuncia del señor, Rudolph Giuliani, abogado del honorable presidente de EE. UU., según la cual, las elecciones del pasado tres de noviembre fueron objeto de fraude masivo orquestado por la narcotiranía de Nicolás Maduro, entre otros conspiradores, me ha traído a la memoria su comportamiento, poco ortodoxo -por decir lo menos - como supuesto abogado defensor o cabildero, de Alejandro Betancourt López, favorito del mencionado narcotirano y de su predecesor, Hugo Chávez Frías.
Recordarán los amables lectores, que Betancourt López, es jefe y socio de la “empresa” “Derwick”.
Según informe, publicado en agosto de 2013, por el consultor experto en el sector energético, José G. Aguilar, entre 2009 y 2010 -apenas 14 meses- a “Derwick”, sin experiencia previa en dicho sector, ni en sector alguno, le fueron otorgados por la narcotiranía en referencia, 40 contratos que totalizaron US $ 5,044 millardos (billions, en inglés) de los cuales, según el experto Aguilar, US $ 2,000 millardos (o billions) fueron en sobreprecios. El cronista estima que, éstos, fueron más abultados, a tenor de la inoperatividad, casi absoluta, de todas las obras y equipos suministrados por la mencionada “empresa”, lo que ha redundado, en el colapso casi general del servicio de energía eléctrica en Venezuela.
Pero a Betancourt López, al parecer, los negociados energéticos, le resultaron insuficientes.
Según, The Miami Herald1 Betancourt López se encuentra involucrado en un caso de lavado de, US $ 1.2 mil millones o billions, provenientes de un desfalco distinto al del sector eléctrico. Nos referimos al perpetrado contra Pdvsa, la petrolera venezolana. Acota, el mencionado diario que, aunque Betancourt López, no está identificado por su nombre y apellido en el boletín oficial emitido por la Fiscalía Federal de Miami, que adelanta las investigaciones, fuentes familiarizadas con la misma, aseguran que Betancourt es el referido como "Conspirador 2" entre la docena de funcionarios públicos venezolanos y legitimadores de capitales, involucrados en el presunto fraude, el célebre Alejandro Andrade (a) “El Tuerto”, entre ellos, quien aceptó su culpabilidad y se encuentra cumpliendo condena en penitenciaría del estado de Florida.
The Washington Post, fue el primero en informarlo, pero no el único, porque la reunión se constituyó en un verdadero escándalo.2
El 26 de noviembre de 2019, Rudolph W. Giuliani, acudió, junto a los demás defensores judiciales de Betancourt López, ante el Departamento de Justicia, a objeto que la referida Fiscalía Federal de Miami, se abstuviera de acusar a Betancourt López en el mencionado proceso por lavado de dinero sucio. “Es un buen chico”, cómo y porqué, les habría explicado al señor a Brian A. Benczkowski, Vicefiscal General adjunto del Fiscal General, William Barr y al numeroso grupo de abogados al servicio de tales dependencias públicas.
En las semanas previas a dicha audiencia oficial ya el cabildero o abogado, Giuliani, había ido a pasarlo gordo en el castillete, valorado en 23 millones de euros, propiedad de Betancourt López, El Amorín, extrarradio de Toledo, España -tablaos flamencos, comilonas, catas de vino y tentadero de novillos en la plaza de toros de la megamansión. Incluida su numerosa comitiva, léase sus amigotes, socios y también defendidos, Igor Fruman, Lev Parnas -posteriormente arrestados por cargos de financiamiento ilegal de campaña electoral- con sus respectivas novias y/o esposas. Parnas, a los pocos meses de tal francachela, en declaración ante la Cámara de Representantes del Parlamento de EE. UU., terminó por confesar, que la contratación de Giuliani por Betancourt López, se había pactado bajo la premisa del supuesto valimiento o “vara alta” del mencionado abogado, con el Secretario de Justicia y Fiscal General, señor, Barr. Al hacerse públicos semejantes detalles, el Departamento de Justicia pretendió desligarse de Giuliani a través de un comunicado en el que aseguró que el mencionado Fiscal General adjunto, ciertamente, se reunió con Giuliani, pero que no lo habría hecho de haber sabido, que éste, era el abogado de Parnas y Fruman (y, de Betancourt, también) todos sujetos a investigaciones, separadas, ante dos fiscalías federales.
El primero en advertir que el citado cabildeo o patrocinio abogadil de Giuliani podría tipificar prevaricato, por pretender defender intereses contrapuestos, fue “La Razón” de Caracas, en reportaje del primero de diciembre de 2019. Según el rotativo caraqueño, es antiético e ilegal, ser abogado personal del señor Trump pertinaz detractor, acusador y sancionador de Maduro y compinches (recuérdense los garrotazos de la lista OFAC) al mismo tiempo de abogado o cabildero, de Betancourt López. Eso es estar “Con Dios y con el Diablo” habría sugerido el citado reportaje.
En el ámbito de una investigación criminal adelantada por cualquier Fiscalía, está proscrita, no existe, ni se acepta la figura del “cabildeo” -reuniones que estigmatiza como ex parte, la mejor doctrina forense- y si Giuliani, pretendía actuar como abogado defensor -no como lobbysta o cabildero- de Betancourt ha debido negociar, admisión de culpabilidad o cualquier otro beneficio procesal a favor de su defendido, ante el Fiscal Federal de Florida que atiende el caso y no tratar que, por su pretendida amistad con el señor Barr le torcieran el brazo al fiscal de Miami.
Según “La Razón”, además, la Regla 1.0 del Código de Ética de la Barra de Abogados de Nueva York, le exigía a Giuliani, antes de abogar o pretender cabildear a favor de Betancourt López, informárselo a su cliente preexistente, el señor Trump y conseguir de este último autorización, expresa y por escrito, dado los intereses en conflicto.
¿Obtuvo el señor Giuliani tal autorización? ¿Sabe el señor Trump que, Giuliani, su abogado, erigido en acusador de Maduro de urdir fraude electoral en su perjuicio, les cobra igualas jugosas a supuestos compinches del mismo Maduro?
El cronista piensa que, el señor Trump, no lo sabe. Que, por favor, alguien se lo informe al señor Presidente. Aunque me temo que, ya, es demasiado tarde.
1. https://www.miamiherald.com/news/local/article236793383.html,
@omarestacio
> El articulista, presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y Vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, no pretende emitir dictamen jurídico, a través de la presente crónica, sino ejercer, como ciudadano, su libre derecho a opinar.