Este lunes se realizaron decenas de movilizaciones en Argentina para protestar contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ante la acumulación de reclamos que no son respondidos.

La reforma judicial, que vino a reforzar sospechas de ser una herramienta para la impunidad, y el aislamiento frente a la pandemia son factores clave que unieron a diversos factores políticos y sociales para tomar las calles.

El analista Luciano Román dice en La Nación que “Más allá de razones políticas, de preocupación por equilibrios institucionales y de urgencias económicas, influyeron -evidentemente- el factor emocional, la fatiga psicológica y la impotencia ante cierta incomprensión por los múltiples efectos de una cuarentena indefinida. En el banderazo hubo algo de desahogo ante un hartazgo y una angustia contenida.”

Y agrega: “Se nos ha dicho, también, que el Gobierno ha puesto, por encima de cualquier otra cosa, "la verdad". Sin embargo, en la anteúltima conferencia de prensa, donde se nos habló durante horas de cifras, curvas, aperturas, flexibilizaciones, fases, restricciones y protocolos, se omitió un pequeño detalle: el decreto que encuadraría como conducta penalmente tipificada "cualquier evento familiar".

-Es probable que con ese decretazo millones de argentinos hayan sentido que el Estado se metía en el living de sus casas, se interponía como una barrera entre padres e hijos, entre hermanos, abuelos y nietos. Con ese decreto, sobre el que nadie había dado explicaciones ni admitido preguntas, parecía pasarse una raya. Una inmensa mayoría ha entendido los riesgos que plantea el virus, la necesidad de cuidarse y cuidar al otro, el sacrificio de nuestros márgenes de libertad por una razón de fuerza mayor. Pero también entendemos que todo tiene un límite. Y que la pandemia no le da carta blanca a un gobierno para crear delitos por decreto y meterse en nuestras casas a penalizar encuentros familiares.