El encierro forzado por el COVID-19 ha incrementado los casos de abuso en los hogares, mientras dificulta el acceso a la justicia. ¿Cómo se puede acceder a estos recursos cuando más se necesitan?

Hay pendientes muchas preguntas que rara vez se hacen sobre la violencia doméstica: las causas de la agresión masculina, cómo pueden las mujeres acceder al sistema legal una vez que están listas para huir, y por qué el sistema de justicia suele fallar a las víctimas de la agresión en la pareja.

Tras esto hay pesadas cargas que se han agravado con la actual pandemia, como frustraciones por pérdida de trabajo e inseguridad en los ingresos, según señala el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra.

La misma fuente especifica que una de cada 4 mujeres ha sufrido abuso de su pareja. Y para sorpresa de muchos uno de cada 10 hombres es también víctima del mismo mal.

Las llamadas para reportar estos casos han caído por no existir un espacio seguro en el hogar para reportar, en el marco de una situación de confinamiento o cuarentena. Los refugios para abusados no aceptan a más personas, por miedo al COVID-19.

Validamos el abuso

El psiquiatra Ravi Chandra, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, afirma que “Vivimos en cultura de poder abusivo, se da demasiada licencia al abuso de poder.

El autor de "Ira asiático-americana: es un asunto", escribe sobre la intersección entre las vidas asiáticas y afroamericanas. Por ello, asegura con autoridad que “Las pandemias de coronavirus y trauma racial se cruzan en la identidad tribalista de nuestra sociedad”.

Alerta que los abusadores pueden recibir un pase por muchos de nosotros. “En nuestra familia vimos a miembros que miraban hacia otro lado mientras se cometían abusos. La compasión es objeto de ataque en culturas de abusos de poder”.

Explica que es difícil estar encarcelado en un hogar abusivo y el COVID-19 ha permitido magnificar esto. “Vimos ejemplos de infravaloración y abuso en estos meses de pandemia. Ha sido un factor estresante y de crecimiento a la vez. La violencia doméstica se ha exacerbado”.

Otro de los factores que preocupan al profesional es que el bullying en las escuelas ha aumentado durante la actual administración. “El presidente Trump no ha reautorizado la Ley de Violencia contra las mujeres, que había registrado una caída en los últimos años”.

Hay mucho trabajo por hacer. Chandra apunta que los hombres deben ser responsables de no atacar a las mujeres, “Pero también hay abusos a hombres. Hay casos donde el varón se siente silenciado por su pareja femenina. Hay que hablar de ellos también”.

Defendiendo a las víctimas durante la pandemia

¿Cómo se atiende a las víctimas de violencia doméstica en medio de una pandemia? Es una pregunta difícil de responder, si tomamos en cuenta que las agresiones han aumentado durante el encierro pero a la vez las medidas de salud obligan a mantener distancia social, un hecho que no ayuda a que los representantes de la ley se acerquen a víctimas o victimarios.

HaNhi L. Tran es subfiscal de Distrito en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara y arroja luces sobre el tema.

Comienza afirmando que el primer paso que se debe dar en estos casos es llamar a la policía. “Puede hacerlo la víctima, un testigo, un vecino”.

Revela que se están abriendo casos criminales en cortes judiciales a propósito de la violencia durante la pandemia. En su condado se procesan casos sobre agresiones domésticas generados por la orden de quedarse en casa.

Considera que se ha retomado el ritmo, que había bajado por las dificultades vinculadas a la pandemia. Hay nuevas órdenes de reducir la cantidad de personas en las instalaciones judiciales.

Garantiza que los abogados y defensores seguirán actuando. Continuarán contactando a las víctimas con todos los protocolos necesarios, alternando con las opciones remotas. Policías y abogados usan máscaras y mantienen distancia social. “Son las voces de ellos”.

En cuanto a órdenes de restricción hay dos tipos, una de emergencia de protección durante un período de tiempo muy limitado, que se solicitada a través de un oficial. La otra es emitida por un juzgado tras oír el caso. Dichas órdenes son de dos tipos: de no contacto y de contacto pacífico.

Los afectados también pueden necesitar ayuda migratoria. La profesional apunta que hay dos centros de justicia familiar en su condado, que pueden prestar ayuda en este sentido; “pero siempre hay recursos que se pueden buscar en las zonas de residencia de cualquier persona”.

“Nadie merece quedarse sin ayuda”

Johanna Thai Van Dat es abogado del equipo de facilitadores de Derecho Familiar del Oficina/Centro de Autoayuda en el Condado de Santa Clara:

“Es difícil obtener pruebas en casos de violencia doméstica, porque ocurren a puerta cerrada y es la palabra de una persona contra la otra. Los jurados de 12 personas necesitan pruebas que corroboren la denuncia, como documentación de heridas o denuncias de abusos anteriores”, detalla.

Y agrega: “Nuestra meta es proporcionar herramientas para que, después que se cierre el caso, la relación pueda continuar”.

Según ella, las órdenes de restricción civil por violencia doméstica se contemplan bajo el Código Familiar 6211, que se refieren a relación familiar o de intimidad. “Si es una relación fuera de esto, existe una tabla para ello y se considera acoso civil. Puede ser un vecino, un colega o un sobrino, por ejemplo”.

Confirma que ha habido un aumento en los últimos seis meses en este tipo de casos, según cifras suministradas por ONGs y tienen que ver con la orden de quedarse en casa por la pandemia.

La orden de protección criminal no expira. “Deben conseguir protección hasta que llegue la audiencia, lo cual sucede en algo más de 20 días. Por lo tento debe cubrir 30 días”.

Asegura que “Nunca preguntamos a las víctimas su estado migratorio, solamente proporcionamos el servicio. En los centros de justicia criminal los migrantes con problemas de estado pueden encontrar ayuda. Nadie merece quedarse sin ayuda por irregularidades en su estado migratorio”.

A nivel nacional se pueden encontrar recursos de protección en 800.799.SAFE (7233) o en www.thehotline.org. Existe ayuda en varios idiomas, el más común de los cuales es el español.

“Hay que cerrar los ciclos”

Fawn Jade Korr es abogado principal de la oficina de San Francisco de Bay Area Legal Aid.

Relata que cuando comenzó el confinamiento por la pandemia se complicó el acceso a servicios de justicia. Adicionalmente, los servicios telefónicos solamente eran en inglés.

Agrega que a veces el superviviente necesita ayuda económica o apoyo para que se haga cumplir una orden y no lo recibía. “Hay órdenes pendientes de ser ejecutadas. Algunas personas dejaron de intentarlo, porque no se sienten apoyados”, comenta.

Informa que ofrecen servicios legales gratuitos para personas de bajos ingresos, pero no pueden ayudar a todo el mundo. “Hay apenas 2 abogados”, lamenta.

Revela que “Hubo un bajón de llamadas entre marzo y junio, volvieron a subir en julio y han vuelto a bajar hacia diciembre. Es difícil saber lo que está pasando en la comunidad. No tenemos claro lo que traerá el próximo año”.

Otra forma en que el sistema legal y la policía han fallado a los supervivientes es que no hay formación para evitar la discriminación inconsciente por parte de los oficiales. “Ellos deben ser sensibles a los diferentes grupos culturales y sus formas particulares de compartir información. La incomprensión de su cultura puede ser otro problema”.