El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que concluyó el examen preliminar de la situación en el país y ha determinado que procede abrir una investigación con base a las denuncias para establecer la verdad de acuerdo con el Estatuto de Roma”, según reza un memorándum de entendimiento firmado con Venezuela y leído frente a Khan y a Nicolás Maduro.
El texto, firmado este 3 de noviembre, señala que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”. Dicho artículo reza que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto (de Roma)”.
“una decisión histórica. Este paso representa una luz de esperanza en la lucha por la verdad y la justicia para miles de víctimas”.
Diversas organizaciones y defensores de Derechos Humanos saludaron el anuncio del fiscal destacando que Venezuela es el primer país de América en tener una investigación formal por crímenes de lesa humanidad. Provea señala que “en el país no han investigado y no hay justicia; el avance del caso es una victoria contra la impunidad”.
José Miguel Vivanco, director de HRW, afirmó que el anuncio de la CPI “da esperanzas de justicia a las víctimas de represión”. Amnistía Internacional también se pronunció sobre la decisión de la CPI al señalar que es “una decisión histórica. Este paso representa una luz de esperanza en la lucha por la verdad y la justicia para miles de víctimas”.
Frente a esa situación, el régimen chavista “considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin”, explica el memorándum. Sin embargo las denuncias nunca fueron investigadas por los organismos del régimen de Maduro.
El documento firmado por Khan y Maduro también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
En ese sentido, las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
También “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal” en Venezuela.
Además, han optado por “esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales”. Finalmente, acordaron “trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo”.