Alejandro Oropeza G.[*] / oropezag@gmail.com

La reciente votación realizada para la integración de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que significó la exclusión de Venezuela de la misma, se puede entender desde varias perspectivas, veamos: primero, interesa apreciarla como un resarcimiento de la comunidad internacional para consigo misma, por tanto, una renovación del contenido moral que asiste o debería asistir a la comprensión de los Derechos Humanos como institución universal, es decir, inherente a la condición de género humano.

En segundo lugar, traduce en sí, un repudio a la hipocresía procedimental que ha venido, en muchos ámbitos, caracterizando a la organización internacional y, en consecuencia, ratifica la necesidad de una reforma de los códigos que regulan a la ONU.

Por otra parte, es una reafirmación de acompañamiento y compromiso hacia las víctimas, sus familias y un rechazo a los regímenes que, como el venezolano no reelecto en la Comisión, es un consecuente violador y conculcador en todas sus instancias de los derechos de los ciudadanos.

Los sucesivos informes y alcances, emitidos por el Comisionado en la materia de la ONU, dejan muy pocas dudas de lo extenso, contante y flagrante de la comisión de violaciones de Derechos Humanos por parte del régimen de Maduro, además de la abierta y pública desfachatez. El último de estos informes, sorpresivo por su crudeza y señalizaciones, involucra a toda la cadena de mando de la dictadura, desde la presidencia de la república, descendiendo hasta los grados ejecutores directos de las salvajes tropelías en contra de ciudadanos venezolanos. Se refiere el último de ellos, pero se han publicado constantes advertencias y recomendaciones sobre las violaciones y la imposibilidad de resarcimiento debido al secuestro del aparato judicial y del desmantelamiento del andamiaje del Estado de Derecho.

En este sentido, el que un régimen con ese prontuario de violaciones, señalizaciones concretas y recomendaciones no acatadas, sea electo a formar parte, precisamente, de la comisión llamada a denunciar, vigilar, identificar a regímenes violadores del derecho de gentes universal resulta, por decir lo menos, una crasa burla, que no solo califica a la comisión misma de guasona, sino que permite imaginar a los violadores regodeándose cebados en su impunidad internacional. También, como se acotara al principio, es una cachetada miserable a las víctimas y sus familiares, a la vida, a la sensatez y a la justicia.

Se reclama, algunos mandatarios y representantes de países y naciones han venido reclamando insistentemente, la necesidad de efectuar reformas a los estatutos y principios que regulan la ONU. En la reciente Asamblea General de la organización, fueron reiteradas estas lógicas exigencias. Se regula a una organización con estatutos referidos a una realidad que emergió luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por allá en 1945; una realidad en la cual ya la Guerra Fría, no existe, o al menos no en los términos en que acaeció hasta 1989. Es necesario, por poner un ejemplo, dictaminar que cualquier régimen objeto de informes, como los que definen a la satrapía venezolana, no pueda en absoluto, acceder a una curul en la Comisión correspondiente. Que los países “ganadores” de la Segunda Guerra referida no puedan “vetar” materias relacionadas con los Derechos Humanos, si es que la institución del “veto”, de China, USA, Francia e Inglaterra, tiene algún sentido en los tiempos actuales.

Ojalá ese ejemplo mínimo de la recuperación de la decencia y la moral internacional se extienda, permanezca y rinda frutos; y no sea una brizna de paja en el viento, parafraseando el título de la recordada novela de Rómulo Gallegos.

[*] Director General de CEDES, escritor. @oropezag