Vladimiro Mujica / vmujica54@gmail.com
Uno de los ejercicios mas alucinantes en que se han ido involucrando distintas organizaciones en Venezuela y en la diáspora venezolana en distintos países es la cacería, a falta de mejor término, de las colosales fortunas producto de la corrupción de las últimas dos décadas de infortunio nacional. Han pasado muchos años desde los tiempos en que Hugo Chávez prometió enfrentar la corrupción, algo que muchos venezolanos veían como el peor mal de nuestro país.
Lo que ha ocurrido en esta materia tiene un sitio destacado en el récord internacional de asaltos y traiciones de un gobierno contra su pueblo. Venezuela se ha transformado en un Estado mafioso, ubicado en el lugar 173 de 180 naciones listadas en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional. Es decir, uno entre los cinco países más corruptos del mundo. Calcular exactamente el volumen de dineros y recursos robados a la nación es una tarea compleja, pero algunos de los estimados más confiables estiman el botín de los corruptos, traficantes y similares en la colosal cifra de cien mil millones de dólares.
Lo que ha ocurrido en esta materia tiene un sitio destacado en el récord internacional de asaltos y traiciones de un gobierno contra su pueblo. Venezuela se ha transformado en un Estado mafioso, ubicado en el lugar 173 de 180 naciones listadas en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional.
Cortesía de Venezuelan American Alliance (VAA), una organización que promueve el activismo ciudadano de los venezolano-americanos, con una clara visión de la importancia del apoyo bi-partidista, Demócrata y Republicano, a la causa de la libertad y la democracia en Venezuela, me encuentro en un una presentación para líderes comunitarios sobre la Ley Verdad, un instrumento legal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2019. Esta ley, que fue propuesta por destacados miembros de los dos partidos dominantes en el Capitolio, tiene previsiones muy importantes, en particular en su título V (https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/VERDAD%20section%20by%20section%20final.pdf) acerca de la recuperación de activos sustraídos al pueblo venezolano y las instituciones de Venezuela a través del robo, lavado de divisas y otros medios ilícitos. En el mismo aparte se ordena al Departamento de Estado trabajar conjuntamente con los Departamentos del Tesoro y Justicia para establecer una estrategia para identificar, bloquear, y recuperar estos activos.
Además de VAA, la Ley Verdad ha sido objeto de discusión e interés en otras organizaciones de la diáspora como VenAmérica, que han entendido a cabalidad que es necesario que los venezolanos se involucren en la política de los Estados Unidos para crear lazos más estrechos con individuos, organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, para promover tanto la integración social como el conocimiento de la realidad venezolana.
La Ley Verdad abre también la puerta para que organizaciones en Venezuela y en la diáspora se activen para reunir información que conduzca a la recuperación de activos. Por supuesto que la AN y el gobierno encargado de Juan Guaidó se han movilizado en esta dirección, y prueba de ello fue la retención en el Reino Unido de reservas de oro pertenecientes al BCV que el régimen de Maduro pretendía dilapidar bajo la excusa de combatir la pandemia. Pero más allá de los esfuerzos oficiales está la denostada actividad de organizaciones como la Iniciativa para la Recuperación Activos Venezolanos (INRAV) que se han unido al esfuerzo para la reconstrucción de Venezuela ha través de contribuir a recobrar recursos que serán indispensables cuando sea posible emprender la reparación del tejido social y económico de la nación.
Parte de la extraordinaria información aportada por los representantes de INRAV, fue enterarnos de la existencia de una página web del Departamento de Leyes de la Universidad de Stanford sobre las causas que sigue el Departamento de Justicia norteamericano a destacados corruptos. Esta página, (http://fcpa.stanford.edu/enforcement-action.html?id=588)
contiene un repositorio y opera como una base de datos de documentos originales y análisis de datos, e información detallada relativa a la puesta en ejecución de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras. Bajo este ominoso título se detallan las prácticas y los procesos judiciales contra algunos de los más conspicuos corruptos y prevaricadores del panteón del robo y la traición contra el pueblo venezolano, como Raúl Gorrín y Alejandro Andrade por 159 y 1000 millones de dólares respectivamente, que se ha construido en dos décadas de desgobierno chavista-madurista. Otro sitio valioso, donde puede obtenerse información actualizada sobre las acciones contra la corrupción en Venezuela es el del CSIS (https://www.csis.org/analysis/corruption-venezuela-alex-saab-case) que realizó un evento en línea a propósito del caso de Alex Saab.
Recobrar los activos del pueblo venezolano robados por el chavismo es una tarea extraordinariamente compleja que involucra no solamente el rastreo de cuentas, transacciones, y una compleja maraña de testaferros y empresas fantasmas, sino la cooperación de individuos y las agencias internacionales de justicia. Es por ello que es necesario reconocer la tarea de organizaciones como INRAV, que ejemplifican que es el trabajo conjunto de la diáspora y los venezolanos en Venezuela, partes de un mismo pueblo separados por el infortunio de una falsa revolución, lo que permitirá la reconstrucción de nuestra nación.