Eddie A. Ramírez / eddiearamirez@yahoo.com

Ante la proximidad del 12 de octubre, los fanáticos chavistas–maduristas se rasgarán las vestiduras repitiendo la falsa “leyenda negra”, que por intereses geopolíticos endilgó a los españoles innumerables atropellos en contra de la población indígena. En represalia, derrocaron la estatua de Colón, establecieron la fecha de la “Resistencia Indígena” y borraron nombres de quienes fundaron pueblos y ciudades.

En su hipócrita narrativa llevaron restos simbólicos del valiente cacique Guaicaipuro al Panteón Nacional y esgrimen que la Constitución de 1999 les dedicó seis artículos a los derechos de los indígenas, en los que se reconoce el derecho a sus tierras, a sus tradiciones, a la salud, educación y participación política. Así como la obligación del Estado, previa información y consulta, de explotar los recursos naturales sin lesionar la integridad cultural, social y económica. Lamentablemente, letra muerta como los otros derechos contemplados en esta Constitución.

En Venezuela nunca hubo tantos atropellos como en estos últimos diez años en contra de los pueblos indígenas. Muchas son las denuncias, pero el régimen responde con indolencia y más represión

Es cierto que quienes llegaron a nuestras costas cometieron atropellos en una época en la que muy pocos tenían conciencia de lo que es el respeto a los derechos humanos. También es cierto que durante toda nuestra etapa republicana los diferentes gobiernos han ignorado a nuestros indígenas. A título de ejemplo, cabe recordar que un ministro de Justicia durante la dictadura de Pérez Jiménez declaró que el “problema indígena es que aquí no hay indios”. Esto ha sucedido en muchos países. Recordemos las películas de indios y vaqueros, en las que los malos siempre eran los indios y los muchachos aplaudíamos cuando llegaba la caballería estadounidense y los masacraba.

Hoy la situación ha cambiado en casi todas partes, menos en Venezuela. Por ejemplo, en Canadá se realiza un gran esfuerzo de reconciliación, que pasa por pedir perdón y por compensaciones. La mayor queja es porque en el pasado les quitaron los hijos a las familias para internarlos en escuelas, en las que se produjeron abusos. Muchos actos públicos se inician con palabras reconociendo que se está en tierras tradicionales de varias etnias y mencionando los acuerdos firmados. Desde luego, todavía hay muchos reclamos por las desigualdades, pero los gobiernos tienen la voluntad de solucionarlos. Por cierto, que la provincia de Manitoba acaba de elegir como premier a un miembro de la nación Anishuabe.

En nuestro país, nunca hubo tantos atropellos como en estos últimos diez años en contra de los pueblos indígenas. Muchas han sido las denuncias, pero el régimen ha respondido con indolencia y más represión. Un caso particularmente grave es lo que sucede al sur del Orinoco, en el área denominada Arco Minero. La explotación del oro y otros minerales ha producido no solo el desplazamiento de la población autóctona, sino también asesinatos. En estos hechos participan mineros informales venezolanos, garimpeiros brasileños, guerrilleros colombianos de la FARC y del ELN y, más grave aun, militares del ejército venezolano.

Personas naturales que arriesgan su libertad e incluso su vida, así como organizaciones sin fines de lucro han realizado numerosas denuncias. A título de ejemplo, nos permitimos citar el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ONG creada en 1988 que realiza una excelente labor. Fundaredes, “nace bajo la premisa de educar y visibilizar a los más vulnerables, siendo el resultado de la vocación de servicio de un grupo de jóvenes tachirenses”. Su director, Javier Tarazona, está detenido desde julio 2021 por denunciar la relación entre el régimen venezolano y la guerrilla colombiana.

El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) ha presentado datos contundentes. El Foro Penal Venezolano, integrado por valientes compatriotas, es una fuente importante de información y denuncias. El objetivo de SOS Orinoco es “documentar y dar visibilidad a toda la problemática de la Amazonía, Orinoquia y la Guayana venezolanas, crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo y perfilar algunas medidas urgentes que se deben tomar para detener el desastre humano y ecológico que se esta desarrollando”. También, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó un informe contundente sobre violaciones a los derechos humanos en el Arco Minero. En otra oportunidad mencionamos el excelente documental Oro de sangre, de Thaelman Urgellez, Juan Urgell y Malena Roncayolo.

Las agresiones han sido contra las etnias piaroas, pemones y yanomani, al sur del Orinoco, que han tenido que crear Cuerpos de Resistencia Civil para defenderse. En el Zulia, la Guardia Nacional ha cometido numerosos atropellos contra los wayúu y añón.

Recomendamos el libro Crímenes contra los pueblos indígenas afectados por el arco minero del Orinoco, del distinguido jurista Fernando M. Fernández, quien cita que “para septiembre 2020, más de cinco mil indígenas habían huido a Brasil en búsqueda de refugio, medicinas, techo y comida; en Guyana se refugiaron 2500 de la etnia warao del Delta del Orinoco; en Colombia, para el 2021 se estimaban unos 3891”. Fernández sostiene “que hay bases razonables para pensar que podría haberse perpetrado el crimen de genocidio en contra de los pueblos y comunidades indígenas dadas las matanzas de varios de sus líderes defensores ambientales y del territorio. Corresponde a la Corte Penal Internacional determinar el tipo penal, dado que no se trata de delitos comunes susceptibles de ser investigados ni castigados según las leyes venezolanas, ya que no se ha implementado la legislación interna”.

Actualmente, la corte citada tiene abierta una investigación por delitos cometidos por funcionarios desde el 2017 a la fecha. Confiamos en que se amplíe a partir del 2002.

>Como (había) en botica

· Solidaridad con Israel ante el ataque terrorista de Hamas.

· El tendencioso artículo de Francisco Rodríguez achacando la problemática de Citgo al gobierno interino fue desmentido categóricamente por Enrique Sánchez Falcón, José I. Hernández y por Horacio Medina.

· Nuestro rechazo a la solicitud de extradición de destacados demócratas hecha por Tarek Saab.

· En Gente del Petróleo y Unapetrol estamos de duelo por la partida de nuestro compañero Daniel García, excelente ciudadano y distinguido profesional.

· ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

runrunes