Notable deterioro de la libertad de expresión en Venezuela

Durante el año 2019 Espacio Público documentó 468 casos que sumaron 1049 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión. Estos datos son los segundos más altos desde el año 2002 y muestran el notable deterioro de las garantías de este derecho en el país. 

Los 468 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden a los primeros meses del año, tras la movilización opositora del 23 de enero, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. 

Las 1049 denuncias de violaciones al derecho documentadas este año indican un incremento del 73% con respecto al número de violaciones registradas para el año 2018. A pesar de que el 2019 se sitúa en segundo lugar con respecto al total de casos, ocupa el primer lugar en número de violaciones.

El año 2019 cerró con la detención de 114 personas a raíz de la difusión de denuncias u opiniones a través de redes sociales y medios de comunicación. De estos, el 64% son trabajadores de la prensa, y en su mayoría, fueron excarcelados luego de permanecer retenidos durante algunas horas por los distintos cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, lo cual revela la arbitrariedad de los procedimientos. El Gobierno utiliza el sistema de justicia venezolano para intimidar e inhibir la libre expresión.

Espacio Público también documentó cómo la CANTV fue responsable del 25% de las restricciones administrativas registradas, lo cual la convierte, en este caso, en el principal victimario. En al menos 93 oportunidades la empresa estatal implementó bloqueos de distintos tipos para evitar el ingreso de usuarios a determinados sitios y redes sociales como Youtube, SoundCluod, Twitter e Instagram. 

 

El informe completo en www.espaciopublico.org

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Venezolanos deambulan por la frontera

Desde el miércoles 22 de abril, más de 400 habitantes de Boca de Grita, Venezuela, abandonaron sus casas y se refugiaron en territorio colombiano al recibir amenazas de muerte por parte de grupos armados que hacen presencia en la frontera.

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El desplazamiento masivo encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y Fuerza Pública en Colombia, ante un posible brote de covid-19 en el municipio fronterizo de Puerto Santander, área metropolitana de Cúcuta.

La falta de dinero para vivir el día a día, la expulsión de los inquilinatos por no pagar arriendo y el no conseguir dinero para enviar a sus familiares son las razones por las que miles de ciudadanos venezolanos han decidido abandonar Colombia y los países vecinos para regresar a su país en plena pandemia.

Por las carreteras se ven a los migrantes caminar hacia Venezuela, donde, según el régimen de Nicolás Maduro, los esperan con los “brazos abiertos”.

Las autoridades colombianas califican la situación como crítica. 

En total, 104 personas fueron atendidas en un coliseo habilitado por la Alcaldía de Puerto Santander como albergue provisional, siguiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.

 

Testimonios

«Llegué de Ecuador sin dinero y me tocó quedarme en Boca de Grita con mi familia por unos días, pero de repente empezaron a pasar el audio en el que nos pedían a todos que abandonáramos el pueblo; no tuvimos opción y por eso regresamos a Colombia», afirmó Emerson Pulido, quien llegó hace dos semanas y, ahora, se ve obligado a volver a Colombia.

“Es muy doloroso lo que vivimos, nos fuimos de Venezuela para trabajar y ayudar a nuestras familias, a nuestros hijos y ahora regresamos con las manos vacías”, dice María Gabriela Carrero, de 29 años, quien regresó tras 15 días de travesía desde la provincia de Sucumbíos (Ecuador).

Para María Gabriela, la situación de salud en Ecuador y la parálisis comercial en la frontera con Colombia la motivaron a ella y a un grupo de 63 venezolanos para regresar a su país. “No teníamos opción, volver a Venezuela sin nada es un fracaso para mí”.

Según cifras oficiales de Migración Colombia, durante enero y febrero ya se había registrado un crecimiento de venezolanos retornando cercano al 14 por ciento, que equivale a 70.000, y creen que esta cifra se duplicaría a finales de abril.

Ante el parte de tranquilidad dado por las autoridades de Venezuela y Colombia por las amenazas, estas familias desplazadas habían retornedo de manera controlada hacia territorio venezolano.

Pero se encontraron con las amenazas: «Les pido a los habitantes que salgan del pueblo porque haremos una arremetida y no respondemos por los civiles que mueran. Durante 10 días pelearemos», sentencia el presunto subversivo.

La Gobernación de Norte de Santander adelanta conversaciones con autoridades del estado Táchira para coordinar acciones que eviten mayores problemas. La presencia de grupos ilegales en la frontera y el desmantelamiento de un complejo para el procesamiento de drogas y combustible de contrabando habrían originado la furia del grupo armado Los Rastrojos.

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